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Acceso a comunicaciones electrónicas y tratamiento de datos personales: Nuevo criterio
(Dykinson, 2018) Caballero Trenado, Laura Mª
El TJUE resuelve en la Sentencia C-207/16, de 2 de octubre de 2018, una cuestión prejudicial planteada por una Audiencia Provincial española y aboga por el criterio de proporcionalidad. Conforme a este principio, en el ámbito de la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos solo puede justificar una injerencia grave el objetivo de luchar contra la delincuencia que a su vez esté también calificada de grave. En cambio, cuando la injerencia que implica dicho acceso no es grave, puede estar justificada por el objetivo de prevenir, investigar, descubrir y perseguir delitos en general. El TJUE opta aplicar un principio de proporcionalidad para el acceso de las autoridades públicas a los datos que permitan identificar a los titulares de las tarjetas SIM de un móvil sustraído, como los nombres, los apellidos y, en su caso, las direcciones de dichos titulares, al considerar que, el acceso limitado únicamente a los datos cubiertos por la solicitud controvertida no puede calificarse de injerencia grave en los derechos fundamentales de los datos de los investigados cuyos datos se ven comprometidos. En la tesitura entre seguridad y libertad, esta Decisión bascula una ponderación en favor de la primera, lo que implica un cambio de criterio.
El acceso a las prestaciones sanitarias esenciales para hacer frente a la COVID-19 y los derechos de propiedad intelectual: Especial referencia a las licencias obligatorias de patente
(2024) Curto Polo, Mª Mercedes
La Organización Mundial de la Salud, en su actualización de abril de 2020 del Plan estratégico de preparación y respuesta frente a la COVID-19, hizo hincapié en la necesidad de acelerar la investigación, la innovación y el conocimiento compartidos como parte de la estrategia internacional para hacer frente a la pandemia. A este respecto insistió en que la comunidad internacional debe hacer un esfuerzo unificado e internacional para lograr el máximo impacto de la investigación, poniendo de manifiesto algunas iniciativas puestas en marcha por la OMS para posibilitarlo. Con todo, no parece que las empresas (apoyadas en ocasiones por los Gobiernos de distintos países) que han emprendido una carrera sin precedentes para obtener la vacuna o el medicamento que se revele más efectivo en la lucha contra la enfermedad vayan a renunciar a proteger sus resultados a través de derechos de propiedad intelectual y, principalmente, a través de patentes de invención. De hecho, tal como informan las Oficinas de patentes de distintos países, las solicitudes relacionadas con la COVID-19 se han disparado en los últimos meses. Dado que las patentes confieren un monopolio exclusivo a su titular durante un tiempo determinado, la fabricación de estos fármacos solamente será posible con el consentimiento de su titular; lo cual limita las posibilidades de acceso generalizado a tales prestaciones. Se plantea así, una vez más, el conflicto entre la existencia de patentes y la salud pública, que no es nuevo, pero que se está sintiendo de manera especial en los últimos meses. La propia normativa reguladora de las patentes contempla algunos límites a tales derechos de exclusiva fundamentados en motivos de interés público y, en especial, la posibilidad de permitir su uso sin el consentimiento de su titular a través de licencias obligatorias. En el presente artículo analizamos este instrumento jurídico que permitiría hacer un uso no autorizado de la patente, así como mecanismos alternativos que permitirían satisfacer la demanda de estas prestaciones en casos de emergencia sanitaria como el que estamos viviendo.
Agotamiento del derecho conferido por la marca de la UE
(Universidad Carlos III de Madrid, 2021-10-01) Arroyo Aparicio, Alicia
El denominado agotamiento del derecho de marca constituye un límite al derecho de exclusiva sobre el signo, inherente a la naturaleza y función del derecho. Esto es, el agotamiento supone que el derecho exclusivo –de “exclusión comercial” - del titular de la marca acaba con la primera comercialización de los productos identificados con el signo realizada por él mismo o con su consentimiento. Llegado ese momento, la comercialización de los productos pasa a ser de libre comercio, de manera que el titular de la marca ya no puede utilizar su derecho para prohibir a los demás operadores que lleven a cabo una reventa bajo la misma, salvo -claro está- que existan motivos legítimos para que no sea así. Resulta de todo interés analizar el régimen vigente para las marcas de la Unión Europea y observar cómo esta materia es de total actualidad con ocasión de cuestiones como el re-etiquetado de medicamentos o las implicaciones anudadas al Brexit.
Agro-sostenibilidad, Marcas y alegaciones medioambientales engañosas
(Tirant lo blanch, 2025-10-31) Arroyo Aparicio, Alicia
Alcance de la infracción de denominaciones de origen por «evocación» o por cualquier otra práctica que induzca a error acerca de la procedencia geográfica (Jurisprudencia reciente del tjue)
(Universidad de Salamanca, 2021-12-01) Arroyo Aparicio, Alicia
Cuando un producto tiene un origen geográfico específico y una reputación —esto es, una cualidad determinada u otras características atribuibles fundamentalmente a su origen— puede protegerse mediante una indicación geográfica. El sistema de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas permite identificar, por tanto, los productos y situarlos en un área geográfica determinada al tiempo que asegura unos elevados estándares de calidad, siendo esta última garantía la que requiere de controles. La normativa europea resulta fundamental en tanto que se busca un régimen uniforme y exhaustivo, de ahí que la interpretación de qué queda amparado por el sistema de protección constituya un hito decisivo. Decisivo porque, en un sector absolutamente competitivo, la defensa de los derechos de los titulares de los derechos exclusivos se sustancia ante los tribunales nacionales que en ocasiones acuden al tjue para presentar cuestiones prejudiciales que faciliten la interpretación de las normas. De hecho, en el último año, desde finales del año 2020 hasta ahora, han tenido lugar dos pronunciamientos del tjue destacables, conocidos con el nombre de los productos ?o «servicios»? implicados: el Asunto del queso «Morbier» y el Asunto «Champanillo», este último planteado por la AP de Barcelona, sobre el uso de esa denominación. Ambos pronunciamientos destacan entre otros anteriores que ya fueron delineando la infracción por «evocación», siendo importante tener una panorámica de la evolución y sus matices.
Ámbito de protección de la patente, nulidad e infracción de patente por imitación la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, Sección de Patentes, de 19 de enero de 2021
(Universidade de Vigo, 2020) Domínguez Pérez, Eva María
Este trabajo analiza las principales cuestiones que se plantean en relación a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 5, de 19 de enero de 2021: la temática principal es la existencia o no de una infracción de una patente española, validación de una patente europea, sobre una máquina de cocina. Pero de forma previa a analizar esa cuestión, al haber planteado el demandado una reconvención, el Tribunal se pronunció sobre la nulidad de la patente.
La Carta de Derechos Digitales, una oportunidad de gobernanza para España
(Real Academia de Doctores, 2021) Caballero Trenado, Laura Mª; Real Academia de Doctores de España
El tsunami tecnológico que se avecina supone un desafío legal sin precedentes. La reciente aprobación de la Carta de Derechos Digitales -una guía que incluye un haz de acciones consensuadas en materia de derechos digitales- supone una toma de posición por parte de España que tiene como vocación erigirse en un referente europeo. Este análisis, en clave jurídica, desbroza el documento, al objeto de determinar el alcance de la fuerza cohesiva que proyecta esta iniciativa.
Cartografía legal de la autodeterminación informativa digital: un derecho de construcción jurisprudencial
(Universidad Carlos III de Madrid, 2021) Caballero Trenado, Laura Mª; Universidad Carlos III de Madrid
La arquitectura del derecho a la autodeterminación informativa, en su vertiente digital, está ahormada por la doctrina jurisprudencial. Ayuna de una regulación propia hasta la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, el 25 de mayo de 2018, la autodeterminación informativa se ha ido conformando con el cincel de tres órganos jurisdiccionales (el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo) que han ido perfilando y delimitando su contenido y alcance. Desde su reconocimiento por el TJUE en su archiconocida decisión de 13 de mayo de 2014, la evolución que presenta es muy notoria. En la actualidad, una búsqueda en Internet con dos apellidos es suficiente para reconocer este derecho si con ello se lesiona el honor, la intimidad personal o familiar o la propia imagen de su titular. Así lo ha avalado el Tribunal Supremo en la STS 4016/2020, de 27 de noviembre. En este artículo se abordan los hitos jurisprudenciales más relevantes al objeto de bosquejar una cartografía jurídica actual del derecho a la autodeterminación informativa.
Cláusula sobre honorarios de abogado: procedimiento sumario de reclamación de honorarios y su apreciación como abusiva o engañosa. Sentencia del Tribunal de Justicia 9ª de 22 de septiembre de 2022, As. C-335/21: Vicente y Delia
(LA LEY, 2022-12-01) Arroyo Aparicio, Alicia
La STJUE declara que el Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional relativa a un procedimiento sumario de pago de honorarios de abogado en virtud del cual la demanda presentada contra el cliente consumidor es objeto de una resolución dictada por una autoridad no jurisdiccional. De hecho, la intervención de un órgano jurisdiccional sólo se produce en la fase de recurso contra dicha resolución, si Jo hubiere, sin que en tal caso el órgano jurisdiccional pueda entrar a valorar ni el carácter abusivo de las cláusulas contenidas en el contrato que dio Jugar al litigio, ni tampoco sea factible aportar pruebas distintas a las aportadas al órgano no jurisdiccional. Asimismo, se valora desde la perspectiva de cláusulas abusivas o prácticas desleales -engañosas en concreto- el contrato celebrado entre un abogado y su cliente en el que se prohíbe a éste desistir del procedimiento sin conocimiento o contra el consejo de aquél y que estipula una penalidad económica para el caso de incumplimiento de esta prohibición.
El confinamiento del derecho a la información
(Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2022-01) Caballero Trenado, Laura Mª
Se han debilitado las defensas del derecho a la información con la covid-19 durante las cuarentenas? La ex-cepcionalidad que representa la pandemia ha acarreado, como consecuencia, que la mayoría de los países invoquen el derecho de emergencia. La instauración de un marco legal excepcional —por ejemplo, vía declaración de un Estado de alarma— y su afectación es una eventualidad a menudo prevista tanto por el constituyente como por el legislador ordinario que, en desarrollo del mandato constitucional, ha promulgado leyes que contienen esta previsión. El ejercicio del derecho a la información requiere que el estado tenga una actitud de abstención y respeto y, por lo tanto, una posición negativa (Aragón, 2011: 201; Escobar de la Serna, 1998: 302; Guichot, 2018: 31). Pero este imperativo de iure contrasta de facto con una postura hipergarantista que se ha manifestado en actitudes que ocurren por el ejercicio de un control férreo sobre la información. Entre muchas otras, pueden citarse como prácticas recurrentes, la práctica generalizada de ruedas de prensa con preguntas filtradas, la generalización del formato de videoconferencias con intervenciones en diferido o la neutralización de comentarios críticos sobre la gestión del virus. Todas ellas ponen a prueba la delimitación del derecho a la información, el cual goza de una protección reforzada, pero cuyo ejercicio no es ni mucho menos ilimitado. En este trabajo se analiza esta cuestión a la luz de la cobertura constitucional de ambos derechos —el derecho de excepción y el derecho a la información— durante el estado de alarma en España.
Consideraciones a la exclusión de la industria audiovisual del Reglamento (ue) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2018, sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los clientes en el mercado interior [doue-l-2018-80417]
(Universidad Salamanca, 2024) Caballero Trenado, Laura Mª; Férez Salinas, Antonio
Contrato de Seguro y jurisprudencia del TJUE: Del tomador impropio a las cláusulas abusivas
(Sección Española de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros, 2025-01-01) Arroyo Aparicio, Alicia
La cooperación contra el fraude aduanero en la Unión Europea
(Área de Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos III de Madrid, 2020-10-08) García Guerrero, David
El fraude aduanero ha constituido y constituye un elemento de preocupación para la Unión Europea porque conlleva una merma en los ingresos de la Hacienda comunitaria, repercutiéndole, en consecuencia, negativamente en su capacidad de gasto, dado que el apartado 1 del artículo 310 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que debe existir un equilibrio entre ingresos y gastos. Es por ello que la Unión profundiza continuamente en mecanismos para combatir el fraude aduanero, bien manteniendo aquellos que han funcionado, bien creando otros nuevos.
Créditos, seguros y derecho al olvido oncológico: avances normativos
(Aranzadi , 2023) Caballero Trenado, Laura Mª
De falacias y sofismas una mirada cáustica sobre el imperio de la ley como axioma
(Universidad de La Sabana, 2022) Caballero Trenado, Laura Mª
Javier Vilaplana, especialista de extensa trayectoria en litigación, disecciona en este ensayo el concepto de nuevo cuño posverdad en el marco del proceso judicial, donde se concitan al menos dos versiones contradictorias, y en el que, con frecuencia, los “hechos alternativos” se imponen a los “hechos objetivos”. En consecuencia, la realidad acaba difuminándose, por lo que “justicia y verdad no tienen por qué ir exigible o necesariamente de la mano” (Vilaplana, 2021: 17). Esta advertencia es el vector que sobrevuela el conjunto de esta obra, en la que, con la paciencia de un entomólogo, el autor desgrana con prolijidad, pero con una prosa ágil y amena todas las cuestiones que convergen en torno a un juicio para que esta mutación fructifique y cristalice en una realidad distorsionada. De este modo, planteada en torno a 25 capítulos muy breves, Vilaplana desbroza el fenómeno de la posverdad a la luz de la relación, esencialmente, con la justicia y la legalidad, desde un tanteo con lo más general hasta lo más concreto.
De la cláusula de estabilización de rentas en los contratos de arrendamientos de viviendas
(La Ley, 2023-04-27) Caballero Trenado, Laura Mª; Cáceres Cantero, Ignacio
En el contexto de un entorno macroeconómico de inflación creciente, el Consejo de Ministros ha aprobado en fechas recientes una nueva prórroga de la medida por la que se pretende «topar» en un dos por ciento la subida de los alquileres afectos a la Ley de Arrendamientos Urbanos (en adelante, LAU) Desde una perspectiva académicoprofesional, en el presente artículo se rastrean los fundamentos jurídicos de esta disposición a la luz de la normativa vigente, al objeto de determinar su delimitación y alcance.
De la nueva ley universitaria
(Real Academia de Doctores de España, 2023) Caballero Trenado, Laura Mª; Domínguez García, Concepción
A finales de marzo del corriente entró en vigor la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), tras su correspondiente publicación en el BOE, al haber finalizado la aprobación del texto definitivo por el Congreso de los Diputados que, tras la votación de las enmiendas procedentes de la tramitación en el Senado, daba luz verde al proyecto el día 9 de marzo. En este artículo se desbrozan, desde una perspectiva académico-profesional, las cuestiones más relevantes que introduce la nueva ley que norma la Enseñanza Superior Universitaria.
Delimitación y alcance del «acuerdo indemnizatorio» (art. 20 LCS) a propósito de las SSTS 1701/2023, de 24 de abril y 65/2022, de 1 de febrero
(La Ley, 2023-07) Caballero Trenado, Laura Mª; Morán Arias, Manuel Israel
El régimen de la mora tiene como elementos basilares, de un lado, la voluntad del legislador español que, ex art. 20 LCS, plasmó tempranamente su determinación de estimular a las aseguradoras a pagar en plazo las indemnizaciones y, de otro, la opinión del órgano jurisdiccional que, en interpretación de aquélla, ha desarrollado un corpus jurisprudencial constante y consolidado que ha ahormado la «multa penitencial». Pero el acuerdo indemnizatorio y el corolario de intereses que se devengan de un eventual retraso en el cumplimiento de esta obligación por parte de las compañías del sector continúa siendo la cuestión nuclear de las controversias judiciales. Desde una perspectiva académico‐profesional, en este artículo se desbrozan los puntos más espinosos de la pena legal estipulada en el precepto señalado a la luz de la jurisprudencia reciente —con un análisis detenido de las STSS 1701/2023, de 24 de abril y 65/2022, de 1 de febrero—, al objeto de determinar su delimitación y alcance.
Derecho audiovisual y de la propiedad intelectual: "streaming" de pago y derechos globales: acuerdo FIFA-APPLE, un "leading case"
(Global Economist & Jurist, 2024) Caballero Trenado, Laura Mª; Sánchez Pérez, Luis
Derecho de la competencia y propiedad intelectual. La protección de los derechos autorales justifica restricciones a la libre prestación de servicios STJ marzo 2024, as. C‐10/22: Liberi editori e autori y Jamendo
(Aranzadi LA LEY, 2024-01-01) Caballero Trenado, Laura Mª

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