La Ley 2/2023, de 20 de febrero, de de protección de personas informantes sobre infracciones de Derecho constituye un paso trascendental para la puesta en marcha de los sistemas de captación de información sobre irregularidades en el sector público y privado. Este artículo trata de realizar una primera lectura crítica de la Ley respecto a su ámbito material y personal de aplicación, y sobre la configuración que se otorga a los elementos que componen los sistemas de información interna que deben existir en el seno de las organizaciones. Sus contenidos se analizan con una especial atención a las implicaciones para el sector público y, a lo largo del texto, se reflexiona sobre los retos a afrontar para la implantación exitosa de estos sistemas de información interna. El texto concluye con una serie de reflexiones que ponen el foco en los elementos que se consideran clave para que funcionen correctamente estos sistemas internos, en los que adquiere un rol protagonista la persona responsable del sistema, la concreción de los procedimientos para el tratamiento y seguimiento de la información, y la labor que debe desempeñar desde fuera la Autoridad Independiente de Protección del Informante.
